A partir del ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha directa contra Sendero Luminoso se inició un nuevo curso en el conflicto que habría de mantener la presencia militar en varias regiones del país por más de quince años. Se abre así una segunda etapa del enfrentamiento que durará hasta mediados de 1986, momento en que SL decidirá intensificar sus acciones violentistas. La primera consecuencia de la decisión tomada, fue lo que la CVR ha denominado la «militarización del conflicto». En ningún momento anterior del siglo veinte se había producido un fenómeno similar de constitución de instancias político militares de conducción de la respuesta estatal al fenómeno subversivo. Asimismo, es en esta etapa que Sendero Luminoso crea su autodenominado Ejército Guerrillero Popular y realiza acciones guerrilleras como ataques a puestos policiales y emboscadas a patrullas militares, sin abandonar los asesinatos selectivos y los atentados terroristas.
2.1 La escalada de la violencia
El asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay, a cuatro semanas del ingreso de las fuerzas armadas a la lucha contra el PCP-SL, produjo un quiebre en el conflicto al difundirse ampliamente en los medios nacionales imágenes terribles de la violencia que se estaba produciendo en la sierra de Ayacucho y departamentos limítrofes. En los meses siguientes hubo un avance en la militarización del conflicto, al reducirse los espacios de actuación política y predominar la lógica de las acciones armadas no convencionales en dicho contexto. Las cifras de víctimas y de violaciones a los derechos humanos en los departamentos afectados crecieron exponencialmente, siendo este el período con la mayor cantidad de víctimas del conflicto.
A pesar del tiempo transcurrido, las fuerzas armadas no contaron inicialmente con una adecuada comprensión de Sendero Luminoso y su estrategia, viendo a esta organización como parte de una gran conspiración comunista atacando el país. Según esta concepción todos los izquierdistas eran igualmente responsables de las acciones senderistas y no había mayor diferencia a partir de alineamientos internacionales. De esta manera, por ejemplo, el general EP Noel pudo señalar, en entrevista con la CVR en el 2003, que veinte años atrás había desbaratado un plan de ataque senderista preparado para el 26 de julio de 1983 en homenaje al trigésimo aniversario del asalto al cuartel de Moncada en Cuba. Acción impensable para una organización como el PCP-SL, que jamás celebró dicha fecha y no concedía un carácter revolucionario a la experiencia cubana.
El general Noel tuvo serias disputas con los medios de comunicación especialmente a partir de los sucesos de Uchuraccay, con los «directores o periodistas que escribían en contra de las fuerzas armadas y alentaron a la subversión [...] la rama de agitación y propaganda que tiene el comunismo en las organizaciones sectarias todo eso está en el conocimiento de Inteligencia».
Por su parte, en 1984, el siguiente jefe político militar de Ayacucho, el general EP Adrián Huamán Centeno fue destituido por sus declaraciones públicas criticando la falta de apoyo del gobierno central a la lucha contrasubversiva. En contraste con su antecesor, el general Huamán, quechua hablante y de origen comunero campesino, tuvo una mejor imagen mediática que el general Noel y fue respaldado por fuerzas de oposición en sus alegatos a favor de medidas sociales para los campesinos y por sus críticas a la falta de respaldo de los políticos oficialistas. Su relevo intempestivo, se debió, según el ex ministro Percovich, «a que quiere rebasar a la autoridad civil [...] Quiere manejar él solo las cosas de acuerdo a su criterio. No obedece o da la impresión que quiere decir lo que el gobierno estaba señalando y lo que el gobierno civil estaba haciendo. Incluso llega un momento a hacer apreciaciones orientadas a desprestigiar al gobierno civil». Paradójicamente, a pesar de estas imágenes a favor y en contra del general Huamán, no se tomó en cuenta para su destitución que 1984, en cuyos ocho primeros meses fue jefe del comando político militar, es individualmente el año con mayor número de víctimas de todo el conflicto armado interno (1980-2000).
En esta fase de militarización el país conoce de algunos casos emblemáticos de violaciones masivas a los derechos humanos atribuidos a las fuerzas del orden como los de Socos (sinchis de la ex GC, noviembre 1983), Pucayacu (infantes de Marina, agosto de 1984) y Accomarca (infantería del Ejército, agosto de 1985). Por el lado de Sendero Luminoso, los casos principales de este tipo que se le atribuyen son los de Lucanamarca y Huancasancos (abril de 1983).
Finalmente, el MRTA inició sus acciones armadas formalmente en 1984, presentándose como parte de la izquierda peruana y explicitando sus diferencias con el PCP-SL (uso de uniformes, campamentos guerrilleros, reivindicación de acciones, etc.). Esta organización, constituida en 1982 a partir de la unión de dos pequeñas agrupaciones de izquierda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria- El Militante (MIR-EM) y el Partido Socialista Revolucionario- Marxista Leninista (PSR -ML), había optado dos años después por prepararse para la lucha armada.
2.2. El énfasis «social» en la lucha contrasubversiva
Al ser elegido presidente Alan García Pérez cambió el discurso oficial sobre la guerra interna al criticarse por primera vez desde el gobierno las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; se creó, además, una Comisión de Paz. Se intentó cambiar el esquema únicamente militar para enfrentar a la subversión. El punto más difícil en este terreno fue la destitución del jefe de la segunda región militar, general de división Sinesio Jarama, y del jefe del comando político militar de Ayacucho Wilfredo Mori, a raíz del caso Accomarca. A pesar de las críticas a la situación imperante, García no derogó el DL 24150, promulgado por Belaunde en junio de 1985, el cual regulaba (y aumentaba) las atribuciones de los comandos político-militares, que hasta entonces habían funcionado sin un sustento constitucional.
Alan García Pérez define las posiciones de su gobierno en los siguientes términos:
Nosotros hemos tenido dos etapas en el análisis sobre Sendero Luminoso. La primera muy borrosa en el gobierno de Fernando Belaunde, donde sin conocer siquiera lo que podría ser esto, los alcances de lo que podría sobrevenir, pensábamos en una explicación de tipo sociológica, estímulo, impulso de la miseria, y naturalmente éramos un poco concesivos y tolerantes en la explicación. Y tal vez en los términos actuales un poco paternalistas en el sentido decir ‘pobre gente que ha sido abandonada tantos siglos reacciona de esta manera, de manera que la sociedad centralista y blanca tiene que entenderla, darle una solución’. A partir de 28 de julio no es que la perspectiva cambia o la actitud, sino la necesidad ya de administrar. Se cuenta con que la gente le está pidiendo que no haya apagones en Lima, que no le maten más gente, que no traigan malas noticias los diarios, ¿no?
La idea central del gobierno de García era derrotar a la subversión sustrayéndole el posible apoyo campesino mediante el desarrollo de políticas dirigidas a este sector y a zonas de extendida pobreza. El gobierno aprista entendió con exagerado optimismo que el crecimiento económico de sus dos primeros años había terminado con Sendero Luminoso, al registrarse un descenso de sus acciones entre 1985 y 1986. Por último, asumió que el carácter «popular» del PAP cerraría los espacios sociales para un eventual crecimiento del PCP-SL. Inicialmente, esta política pudo parecer exitosa por el repliegue del PCP-SL tras la ofensiva de las fuerzas armadas de 1983 y 1984 y por la tregua unilateral que le dio el MRTA al gobierno aprista.
Las relaciones con las fuerzas armadas fueron tirantes al principio, pero este impulso inicial quedó relegado ante casos posteriores en que las denuncias de violaciones a los derechos humanos no encontraron igual eco, como la muerte de internos en el motín del penal de Lurigancho, ocurrido en octubre de 1985 en Lima, en el que el gobierno aprista no asumió responsabilidad alguna. El punto culminante de este proceso fue la masacre de los penales (18 y 19 de junio de 1986) que marcó considerablemente a todos los actores del conflicto, y trajo a Lima las imágenes de matanzas hasta entonces lejanas. En términos prácticos, con esta matanza y el trámite dado a ella, terminaron los intentos del gobierno aprista por desarrollar una política propia de seguridad interior.
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