El conflicto armado interno que padeció el Perú se inicia con la decisión del PCP-SL de declarar la guerra al Estado peruano que deseaba destruir. La acción simbólica que caracteriza este comienzo de la lucha armada fue la quema pública de las ánforas electorales en el distrito de Chuschi (Cangallo-Ayacucho) el 17 de mayo de 1980, con ocasión de las elecciones generales. Con ello, el PCP-SL se automarginó del proceso democrático abierto con los comicios celebrados ese día, luego de diecisiete años, y dio inicio a una violenta campaña para destruir el Estado peruano y someter a la sociedad peruana a un régimen autoritario y totalitario bajo su conducción. Esta etapa finalizará cuando, a fines de 1982, entren a tallar en el conflicto las FFAA.
En un principio, Sendero Luminoso realizó atentados aislados contra la propiedad pública y privada y acciones de propaganda armada. La gravedad de sus actos fue aumentando progresivamente, llegando al asesinato sistemático y a los ataques contra las fuerzas policiales, buscando provocar una mayor dureza en las respuestas estatales en su contra, hasta lograr que se definiese una situación de conflicto armado interno.
El conflicto armado interno fue percibido inicialmente como un hecho marginal, enfocado con una combinación de subestimación y desconcierto que permitió el crecimiento de la presencia senderista, en ciertas áreas del departamento de Ayacucho y Huancavelica. El PCP SL no apareció de inmediato en los medios de comunicación nacional como el único responsable de las acciones sino recién cuando se le atribuyó directamente la autoría de las mismas. Aun así, se trataba de una agrupación muy pequeña dentro de un conglomerado de organizaciones radicales izquierdistas difíciles de identificar por alguien que no estuviese familiarizado con ellas. Los temas vinculados a la transferencia de poder a los civiles después de doce años de dictadura militar atrajeron mayor atención de la opinión pública, pero, al mismo tiempo, despertaron suspicacias entre los círculos izquierdistas que atribuyeron a las fuerzas del orden la autoría de los atentados, al igual que en otros países de América Latina.
Si en años anteriores no se descartaba el alzamiento en armas de algunos grupos radicales de izquierda, el fenómeno particular iniciado por el PCP-SL desconcierta a las fuerzas del orden. En general, éstas hubieran esperado más bien la repetición de un proceso guerrillero similar al ocurrido en 1965. La formación contrasubversiva que habían recibido distintas unidades las preparaba únicamente para fenómenos de este tipo o, en el mejor de los casos, para enfrentar a grupos armados semejantes a los que por esos años actuaban en otros países de América Latina. Al tener muchas dificultades para definir con claridad a qué tipo de adversario se enfrentaban, los trabajos de inteligencia del período previo e inicial estuvieron erróneamente dirigidos. Las posibilidades de evitar el curso de los acontecimientos a partir del trabajo de este tipo fueron escasas debido al muy reducido tamaño de la organización, a su similitud con muchas otras agrupaciones de izquierda radical que postulaban la lucha armada y a su mínimo equipamiento militar antes de 1980. Sin embargo, las posiciones frente al problema inicial de la «falta de inteligencia» son todavía fuertes. Para representantes del entonces gobierno de Acción Popular, la responsabilidad mayor recae en el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez que lo antecedió:
“Lo grave es que no solamente se sustraen de la responsabilidad de haber descubierto y combatido con anterioridad a este movimiento, sino que en la hora crítica del problema tampoco lo afrontan. Dejan desmantelado al Ministerio del Interior. No sé si al interior de las Fuerzas Armadas reservaron documentación. Creo que sí por la cuestión ésta de espíritu de cuerpo, pero cuando llega el gobierno constitucional no (se) encuentra nada [...]”.
La respuesta de Morales Bermúdez es elocuente:
“Fueron detectados determinados elementos de Sendero como personas de cierta tendencia, pero en ningún momento hubo (en 1979 y en 1980) una información de Inteligencia que dijera ‘cuidado, aquí ya tenemos un problema’. Eso nunca, nunca hubo eso, en la vida. (…) Entonces sí había ese sistema (de Inteligencia) así montado y los comandantes generales que me habían servido a mí fueron comandantes generales de Belaunde, ¿cómo el gobierno podía no disponer de la Inteligencia para acabar el problema? Era imposible. Yo a Belaunde lo llamo, a los tres comandantes generales y su servicio de Inteligencia no tiene esta información. ¡Caramba! Todos los servicios de Inteligencia tienen sus informaciones porque eran informaciones cruzadas. Entre todos los servicios incluyendo el del Ministerio del Interior se cruzaban informaciones permanentes sobre el frente interno, el frente externo. De manera que ésa es una versión que se manejó mucho”.
En los dos años y medio que duró la fase inicial del conflicto estudiado por la CVR, Sendero Luminoso tuvo un terreno inmejorable para desarrollar sus planes y corregir sus errores. El tratamiento exclusivamente policial que dio el presidente Belaunde a las primeras acciones senderistas correspondía, en buena medida, a la respuesta de un gobierno civil que no podía delegar inmediatamente el problema a las fuerzas armadas sin dar una imagen de debilidad y sin ceder prerrogativas constitucionales propias de un régimen democrático.
1.1 Las primeras acciones: un problema menor para el país
El PCP SL inició su autodenominada guerra popular contra el Estado peruano mediante una serie de atentados con explosivos contra instalaciones públicas en diversas partes del país, aunque desplegando más recursos en Ayacucho. Si bien la quema de ánforas en Chuschi sería vista como un hecho aislado, debe precisarse que hubo acciones menores en otras partes del país como Lima y La Oroya.
En las semanas que siguieron al ataque del 17 de mayo de 1980, grupos de senderistas arrojaron bombas incendiarias contra el local de la municipalidad de San Martín de Porres, destruyendo documentación y enseres, y contra la tumba del general Velasco. Hasta el 28 de julio, día del cambio de gobierno, hubo diversas acciones de propaganda, robo de cartuchos de dinamita y armas. No hubo, en ese lapso, una respuesta estatal directa contra Sendero Luminoso de parte del gobierno militar. El mismo día de la juramentación de Fernando Belaunde Terry se produjo un apagón parcial por el derribo de una torre en Huancavelica y un ataque con explosivos al local de Acción Popular en Pasco. En general, los medios de comunicación cubrieron escasamente las primeras acciones de propaganda armada senderistas, prácticamente irrelevantes ante la trascendencia de los debates propios de la transferencia del poder a los civiles.
El Presidente entrante encontró un país radicalmente distinto al que dejó. El nuevo escenario le exigió lidiar con nuevos actores políticos y sociales. Entre los primeros, el gobierno de Acción Popular ya no tuvo que enfrentar una oposición parlamentaria de derecha, como la de APRA-UNO en su primera administración (1963-68), sino una de la izquierda sin precedentes por su radicalidad y tamaño. En el plano social, Belaunde enfrentaba por primera vez fuertes organizaciones gremiales y sindicales con presencia nacional, tales como el SUTEP, la CGTP, la CCP o la Federación Minera, que venían de la experiencia reciente de las luchas contra el gobierno militar y mantenían estrechos lazos con la izquierda parlamentaria y amplia cobertura en medios opositores.
En cuanto a la respuesta a la lucha armada, el gobierno de Acción Popular, al igual que la mayoría de actores en el país, no terminó de comprender lo que implicaba el desafío planteado al Estado por Sendero y su guerra popular. Por varios años, el tema no ocupó un lugar prioritario dentro de la agenda estatal ni de las preocupaciones sociales fuera de las zonas de emergencia. Fue tratado como un problema de delincuencia común susceptible de ser resuelto mediante la neutralización de individuos (los «delincuentes terroristas»). En ese momento, sin embargo, factores ajenos a la guerra interna afectaban el desempeño policial. Entre los más importantes, la extensión de la corrupción vinculada al narcotráfico y las disputas y tensiones entre institutos policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones), propiciadas por arraigadas y contrapuestas identidades corporativas. A lo largo del quinquenio, además, se va a insistir en la vinculación entre Sendero Luminoso y parte de la izquierda legal, al punto que el gobierno se resistirá a liberar a militantes de IU encarcelados por acusaciones de terrorismo.
Al margen de las discusiones en la escena oficial, el PCP SL utilizó consistentemente todos los espacios políticos a su disposición, construyendo su organización prácticamente sin alteraciones significativas de sus planes originales. Las respuestas del Estado y de la sociedad estuvieron mediatizadas por razones ajenas al proceso subversivo mismo. Para algunos sectores era imposible aislar al PCP-SL del resto de la izquierda radical mientras que para otros la guerra sucia era inevitable por la naturaleza misma del Estado. La Policía de Investigaciones logró éxitos en los medios urbanos al capturar a cientos de senderistas (por ello, el PCP-SL tuvo que concentrarse en liberar a sus presos) mientras que en el campo el avance policial fue ínfimo, en parte por la insuficiencia de efectivos y precariedad de los puestos rurales. No obstante, la presencia de Sendero Luminoso no se limitó a algunas provincias del departamento de Ayacucho. Desde un inicio, dio gran importancia a su trabajo en Lima, en palabras de Abimael Guzmán:
“Nosotros lo hemos visto así, el trabajo en Lima lo hemos ido ponderando, ¿tiene importancia Lima? Tiene importancia. Razón. Nosotros decimos, «Ayacucho es la cuna, Lima la catapulta». El Partido por diversas instancias, en un par de años, salta a trabajar en Lima, al centrar en Lima se encuentra en una gran ciudad con gente de diversas provincias de todo el país. Al trabajar ahí trabajas en todo el país, por eso se convierte en catapulta. Pero no podía ser una ciudad conquistada al comienzo, sino en la parte final”. (Entrevista CVR)
La principal fuerza política de oposición, el Partido Aprista Peruano (PAP), también subestimó la emergencia y el desarrollo inicial de la llamada guerra popular senderista. Desde su papel opositor a lo largo del quinquenio 1980-85, el PAP no dio señales concretas de contar con alguna alternativa a la política contrasubversiva aplicada por las fuerzas del orden. Representantes del PAP fueron duros críticos de lo hecho por AP pero evitaron una confrontación radical con las fuerzas armadas, especialmente el Ejército, debido a su tradicional rivalidad.
1.2. El PCP-SL alcanza una repercusión nacional
Dos eventos asociados a Sendero Luminoso proporcionaron una nueva dimensión al conflicto. En marzo de 1982, en una operación inédita hasta el momento y planeada por su dirección central, un comando senderista asaltó el CRAS de Huamanga y rescató a sus presos, logrando escapar sin que hubiese una adecuada respuesta de las fuerzas policiales y sin que los miembros del Ejército acantonados en el cuartel de la ciudad interviniesen por no contar con órdenes de Lima para hacerlo. El asalto a la cárcel de Huamanga obligó a distintos observadores a considerar al PCP-SL como una amenaza mayor de que la que sugerían los actos terroristas o los asesinatos aislados iniciales. Para generales del Ejército, como Sinesio Jarama, a partir de ahí las cosas iban en serio, mientras que el general Noel empezó a preparar inteligencia en el terreno desde su base en Huancayo. Desde la orilla opuesta, izquierdistas radicales que posteriormente habrían de constituir el MRTA, señalaron a la CVR que el asalto a dicho penal los convenció de que se había producido un escalamiento del conflicto del que ya no habría marcha atrás.
Horas después de consumado el ataque y liberación de los internos senderistas, un grupo de miembros de la Guardia Republicaba (la institución policial hasta entonces encargada de la custodia de los establecimientos penales) ingresó al hospital de Huamanga y en represalia ejecutó a tres senderistas heridos internos bajo custodia policial. La combinación de ambas acciones, el ataque al penal y la ejecución de senderistas hospitalizados, proporcionó una primera victoria mediática a Sendero Luminoso al ser presentado por los medios nacionales, aun si lo condenaban, como una fuerza guerrillera y víctima a la vez de la inocultable brutalidad policial.
Precisamente, el tema de los abusos cometidos por las fuerzas policiales destacadas en Ayacucho para las operaciones contrasubversivas terminaría siendo capitalizado por Sendero Luminoso en circunstancias particulares meses después. En setiembre, a raíz de la muerte de Edith Lagos, una de las senderistas evadidas del penal de Huamanga, en un choque con miembros policiales, hubo manifestaciones masivas de respaldo que incluyeron una misa de cuerpo presente celebrada por el obispo de Ayacucho y un entierro multitudinario en el que no faltaron símbolos senderistas. Luego de su muerte, Edith Lagos, fue convertida por la opinión pública en la figura más conocida del senderismo y, si bien nunca fue una dirigente partidaria importante, su imagen de joven rebelde (murió a los 19 años) dio un rostro al desconocido senderismo. Así, hubo congresos de la juventud aprista ayacuchana que llevaron su nombre y, dirigentes históricos del PAP, como Armando Villanueva del Campo, que recibieron muy fuertes críticas en la prensa a fines de los ochenta por haber visitado supuestamente su tumba en una visita al cementerio huamanguino.
Desde esta etapa inicial del conflicto, quedó incorporado en la agenda política nacional el tema de violaciones de los derechos humanos. Uno de los primeros debates al respecto se produjo por la protesta de altos representantes de la Iglesia católica por el caso de las torturas que Edmundo Cox Beuzeville habría sufrido en manos de la policía después de su captura, realizada el 6 de julio de 1981 en Cuzco. Cox, miembro del PCP SL actualmente en prisión, era sobrino de un respetado obispo de entonces, que denunció los hechos recibiendo muy fuertes críticas de representantes del gobierno que reclamaron a los obispos por no haber protestado igual durante la dictadura militar. Dos elementos quedaron muy claros a raíz de dichos eventos. Lo primero fue que los senderistas preservaron al máximo la clandestinidad de su organización al negar su militancia (su llamada «regla de oro») y, al mismo tiempo, aprovecharon espacios democráticos en los que no creían, como el de la defensa de los derechos humanos, para debilitar la imagen de las fuerzas de orden. En segundo lugar, las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos por las repuestas de agentes del Estado a la acción senderista fueron vistas como parte de un juego político subalterno de opositores y no como un problema a encarar por el gobierno. A lo largo del período 1980-85, no hubo esfuerzos por la creación de una comisión de paz o mayores anuncios de investigación de denuncias sobre el particular. El tema de los derechos humanos se internacionalizó gradualmente por la intervención de organizaciones que protestaban desde el exterior por las violaciones documentadas en el país. Algunos diputados de izquierda denunciaron al Estado peruano ante la OEA y la ONU, por considerar que los atropellos expuestos no eran resueltos por la justicia peruana.
A lo largo de 1982 fue quedando patente que las fuerzas policiales eran impotentes para controlar la expansión del Plan estratégico de inicio del PCP SL en las zonas rurales de Ayacucho y para superar la mala imagen que tenían frente a la opinión pública. Todo ello, se tradujo en una demanda constante al gobierno de turno para que actuase con mayor rigor ante el avance y las provocaciones senderistas. El 27 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde dio un ultimátum de 72 horas al PCP SL para que depusiera las armas. El 30 de diciembre el gobierno entregó a las FFAA el control de la zona de emergencia de Ayacucho. El general de brigada EP Roberto C. Noel Moral, quien había sido Prefecto de Lima en 1979 y jefe del SIE dos años después, asumió la jefatura del nuevo comando político militar. El general Noel recuerda así los términos del encargo recibido:
“En el Consejo de Defensa Nacional, el Presidente del Comando Conjunto, le manifestó al Presidente de la República que su orden se había cumplido. ‘Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Jefe Supremo de la República, Presidente de la Nación; artículo 118 de la Constitución del Estado’. El general presidente del Comando Conjunto, le indicó al Presidente de la República que para no omitir ninguna cosa que pudiera constreñir los planes, le pedía que el Comandante General de la 2ª División de Infantería, expusiera al Consejo y yo expuse al Consejo. A las cinco de la tarde, el Presidente de la República decide clausurar el evento, pero en el evento me dicen ‘General, sus planes son aprobados, pero usted va a actuar con el apoyo de las fuerzas policiales’. Entonces yo le digo, pregúnteme. Presidente del Comando Conjunto, yo le digo, ‘¿Qué pasa?’ Y como nadie habla, prendo el micro y digo ‘Señor presidente, perdón, quiero hacerle una pregunta, usted me ha cambiado la misión. ¿Voy o no voy a combatir?’. El presidente Belaunde me dice, ‘General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional’. ‘Gracias’.” (Entrevista CVR, 18.03.03)
Desde entonces, la violencia senderista estuvo dirigida contra los representantes y partidarios del antiguo orden en las áreas iniciales del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac, etc.) por lo que la mayor parte de víctimas de las acciones senderistas estuvieron entre campesinos o pequeñas autoridades locales y no entre miembros de las elites políticas o económicas del país.
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