5.1. Derrota estratégica de la subversión
El escenario posterior a la captura de Abimael Guzmán y otros importantes dirigentes estuvo marcado por la derrota de Sendero Luminoso, iniciada tres años antes cuando fue expulsado de varias de sus zonas de tradicional influencia por la acción de las fuerzas del orden y los comités de autodefensa. La falta de una conducción nacional que cubriera el vacío provocado por la captura de Guzmán se hizo evidente en la disminución de acciones terroristas. El principal objetivo de la organización en esta fase fue, inicialmente, el de presentar la imagen de no haber sido afectados mientras que se concentraban en campañas como la de «salvar la vida del Presidente Gonzalo».
5.2. Pacificación y amnistía
En octubre de 1993, desde su prisión en la base naval del Callao y luego de conversaciones entre dirigentes senderistas facilitadas por el gobierno de Fujimori, Abimael Guzmán propuso un Acuerdo de Paz al Estado que no se concretó pero sirvió para efectos propagandísticos al régimen de Fujimori en vísperas del referéndum para aprobar la Constitución de 1993. De ahí en adelante, la nueva posición del jefe senderista fue convirtiéndose en mayoritaria, por encima de las fracciones disidentes que planteaban proseguir la guerra popular, pero el gobierno de Fujimori no buscó una salida definitiva de paz ni respondió a las propuestas de Guzmán. En la práctica se había producido una división de Sendero Luminoso, ya que una parte de la dirección senderista rechazó la propuesta de Acuerdo de Paz de Guzmán.
Por su parte, el MRTA continuó las acciones militares en zonas como San Martín y la ceja de selva central. Bajo la dirección de Néstor Cerpa, luego de la caída de Polay, tomaron ciudades importantes como Moyobamba e intentaron desarrollar núcleos de guerrilla urbana. Aun cuando parecían en el papel menos golpeados que Sendero Luminoso, no pudieron recuperarse de las graves disputas internas, la inexperiencia de sus cuadros y los efectos de la ley de arrepentimiento. Externamente, la organización fue afectada por el debilitamiento de la izquierda y la ofensiva estatal y mediática contra las organizaciones subversivas. En ese escenario concluyeron que su prioridad organizativa debía ser la de recomponer su dirección nacional mediante la liberación de los dirigentes presos. Al no poder replicar la experiencia del túnel de Canto Grande, optaron por preparar alguna acción de toma de rehenes para exigir luego un canje de prisioneros.
Paralelamente, el gobierno de Fujimori continuó resaltando su imagen de mano dura, sin concesiones frente a la subversión mediante el nuevo marco legal aprobado y destacando su estrecha relación con las fuerzas armadas. A pesar del evidente declive en las acciones subversivas, resaltado por la misma propaganda oficial, el régimen no disminuyó el número de zonas de emergencia sino que mantuvo un esquema de contrasubversión sin subversión.
En términos estrictos la política de pacificación consistió en mantener en prisión a la mayor cantidad posible de subversivos bajo condiciones extremas en penales de máxima seguridad y en aislar a los núcleos armados. La propuesta de acuerdo de paz hecha por Guzmán y la dirigencia senderista brindó réditos políticos a Fujimori y rebajó la tensión en los penales, pero no liquidó a la organización. Vladimiro Montesinos tuvo a su cargo la conducción personal de las conversaciones y tratos con Guzmán e Iparraguirre y demás dirigentes senderistas, en tanto «interlocutor académico», las cuales estuvieron enmarcadas por intereses políticos coyunturales del gobierno, administrados por el asesor y que se disiparon hacia 1995. Debe recalcarse que ni Fujimori, ni el General Hermoza Ríos (entonces la figura de mayor poder en las fuerzas armadas) se reunieron con los jefes senderistas. Tampoco se promovió reunión alguna con miembros de la DINCOTE, en buena parte desarticulada después de la captura de Guzmán, o con expertos de inteligencia del Ejército trabajando en el SIN, como el general Eduardo Fournier.
Las incansables denuncias contra las violaciones de los derechos humanos tuvieron un nuevo impulso a partir del hallazgo de las fosas de La Cantuta en julio de 1993. El gobierno de Fujimori no asumió responsabilidades, optando por la descalificación de la legitimidad de los denunciantes y su permanente hostigamiento. Teniendo al SIN como su principal aparato político, el gobierno continuará con una serie de cambios intencionales de la legislación que supondrán la eliminación práctica de la independencia de poderes, con la finalidad de garantizar la impunidad para los agentes estatales implicados en violaciones de los derechos humanos. Así, la existencia de una mayoría de representantes oficialistas en el Congreso Constituyente Democrático permitió la utilización de diversos voceros para salir al frente a las denuncias y, sobre todo, para aprobar en 1995 una ley de amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden que garantizara una completa impunidad.
5.3. Contrasubversión sin subversión
Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuará el resto de la década, con el objetivo de asegurar la perpetuación del régimen. Para ello, el gobierno utilizará, con fines electorales y de control político, la estructura militar desplegada con pretexto de la contrasubversión, en un contexto en el que la subversión se replegaba. Explotará mediáticamente, con fines de acumulación política, las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna que concluyeron en éxitos, al tiempo que manipulaba los miedos de la población con la amenaza del «terrorismo». Así, las operaciones antisubversivas dejaron de ser un medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible en gran medida por el progresivo y casi total control de medios de comunicación masivos, comprados con el dinero del Estado.
Las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna concluyeron en éxitos explotados por el gobierno. Por ejemplo, el asalto a la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996 por un comando del MRTA, encabezado por su líder máximo Néstor Cerpa, que mantuvo cautivos a 72 rehenes, concluyó con la operación de rescate Chavín de Huántar. Luego del revés militar sufrido en el conflicto del Cenepa de inicios de 1995, el gobierno utilizó los festejos por la exitosa liberación de los rehenes para su legitimación. Por otro lado, en julio de 1999, luego de un enorme y publicitado operativo militar para cercarlo, fue capturado cerca de la ciudad de Huancayo el líder senderista disidente Oscar Ramírez Durand, Feliciano, quien había rechazado la propuesta de acuerdo de paz de Abimael Guzmán y mantenía vigente la guerra popular iniciada en 1980. Ramírez Durand era el último de los altos dirigentes del PCP SL que seguía libre.
Preocupado más por asegurar su continuidad, y aun resaltando su imagen de mano dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori terminará descuidando en la práctica la política antisubversiva y no dará una solución final al problema de la subversión, focalizada desde hacía varios años en algunas zonas marginales y poco accesibles del territorio en las que coincidía con el narcotráfico.
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