El año 1989 fue uno de los más difíciles de nuestra historia republicana, siendo el clímax e inicio de un período de crisis extrema que se prolongaría hasta 1992, en el que el conflicto armado interno se vio exacerbado.
4.1. Avance subversivo, crisis económica y campañas electorales
Durante 1989 se produjo un nuevo giro en la guerra interna debido, principalmente, a las decisiones y acciones de dos de los principales actores.
En primer lugar, el PCP-SL, durante su I Congreso, definió como nuevo objetivo de su plan de guerra popular que el «equilibrio estratégico» remeciera todo el país. Para ello, planteó considerar como eje central de acción, acentuar su ofensiva en las zonas urbanas, principalmente en Lima. Así, el PCP-SL incrementó notablemente sus niveles de violencia, forzando su relación con la población en la sierra rural y en la selva, por un lado, y movilizando sus bases urbanas hacia la realización de ataques y atentados más violentos, frecuentes y visibles, por otro. Con esta decisión se iniciaba el segundo «pico» estadístico de víctimas en la guerra interna.
Paralelamente, e independientemente del proceso seguido entonces por el gobierno, desbordado con la crisis económica y política, las FFAA empezarán a aplicar su nueva estrategia «integral», que contemplaba la comisión de violaciones de los derechos humanos menos numerosas pero más premeditadas. Esta nueva estrategia orienta a la Directiva Nº 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior (DVA Nº 017 CCFFAA - PE - DI), firmada en diciembre de 1989 por el Gral. Artemio Palomino Toledo en la que se toman dos grandes decisiones estratégicas que enmarcaron y condicionan el accionar militar durante todo el resto del conflicto. Primero, la organización de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior en Zonas y Subzonas de Seguridad Nacional se cambia por una organización en frentes contrasubversivos, los cuales no se derivan de las regiones militares sino de una zonificación especial obtenida mediante el análisis del despliegue y el accionar del PCP-SL. Segundo, en los Frentes donde hay narcotráfico se establece como misión separar a la subversión del narcotráfico y combatir a los narcotraficantes que apoyen a la subversión o reciban protección de ella.
Derivada de esto, la decisión de fomentar y apoyar la conformación de Comités de Autodefensa en las zonas rurales serranas donde la población empezaba a entrar en conflicto con el control del PCP-SL, definió el inicio de la etapa final del conflicto. Por otro lado, habiendo enfocado las fuerzas armadas a los departamentos de Junín y Pasco como el «centro de gravedad» para sus operaciones contrasubversivas a nivel nacional, la guerra se desplazará notoriamente hacia el Frente Mantaro desde dicho año. En esta zona central se aplicó intensamente la nueva estrategia de eliminación selectiva, especialmente durante 1990, no sólo contra los comités populares sino también contra los organismos alojados en universidades y asentamientos humanos urbanos.
Por otro lado, el MRTA queda atrapado en una espiral de violencia de la cual no logrará salir fácilmente. En abril de 1989, un mes después del ataque senderista contra el puesto de Uchiza, el MRTA decidió realizar una operación militar de grandes proporciones en la sierra central: la toma de una ciudad importante para efectos de propaganda armada de repercusión nacional. La zona central del país era decisiva para los objetivos militares del MRTA, pero además la urgencia de una muestra de fuerza semejante vino de la necesidad de responder al fuerte golpe que representó la captura de su líder Víctor Polay en el Huancayo a comienzos del año. Para cumplir la toma de Tarma, que era la ciudad elegida en esta oportunidad, el MRTA trasladó a la zona a varios de sus mejores efectivos militares en una fallida operación que concluyó en la matanza de Molinos. El repase de guerrilleros rendidos que hizo el Ejército demostró al MRTA que para las fuerzas del orden no había subversivos buenos y malos. Todos recibían el mismo trato. La respuesta de la organización llegaría meses después a través del condenable asesinato del general (r) Enrique López Albújar en Lima, en represalia por Molinos.
Al ser 1989 un año de elecciones municipales y regionales, y en buena medida el inicio de la elección presidencial del año siguiente, se produjo una sorprendente movilización de fuerzas políticas que revelaron los límites reales de las amenazas planteadas al Estado por el PCP-SL y el MRTA. Las elecciones se celebraron a nivel nacional, con éxito para la crítica situación existente, fracasando los senderistas en su intento de boicotearlas.
En marzo de 1990, mientras las elecciones generales estaban en su máximo punto de confrontación, se formó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE). Mientras que los Grupos Operativos «Delta« de la DIRCOTE continuaban abocados a la tarea legal de investigación de atentados y acciones terroristas en Lima, el GEIN se dedicó a trabajar exclusivamente en el desarrollo de operaciones encubiertas de inteligencia (seguimientos y vigilancia) para la captura de los principales líderes subversivos. Antes del cambio de gobierno, el primero de junio el GEIN dio su primer y gran golpe al allanar una casa donde hasta pocos días antes se alojaba Guzmán y donde encontraron información valiosa. Después de esta operación, en opinión de los policías de esta unidad, el PCP-SL se abre como una «caja de Pandora; la intervención fue «el principio del fin de Sendero Luminoso» (Jiménez 2000: 721).
4.2. Los inicios del gobierno de Alberto Fujimori y la subversión
En sentido estricto, el nuevo gobierno no ideó una nueva estrategia contrasubversiva. Más bien, Alberto Fujimori mantuvo la estrategia integral de las FFAA e impulsó iniciativas legales para complementarla. Había asumido también el Plan Político-Militar de un sector de las FFAA y, con ello, la necesidad de instalar un sistema de democracia dirigida que se ajuste a las necesidades de la contrasubversión.
El PCP SL, muy golpeado en las áreas rurales, creció sorprendentemente en Lima en medio de la crisis existente. El MRTA intentó un diálogo con el gobierno, luego de la fuga de sus dirigentes de Castro Castro en junio de 1990, mediante el secuestro de un diputado fujimorista pero fue rechazado. En 1991, más de la mitad de la población peruana vivía bajo el estado de emergencia. Ese mismo año se da una ofensiva del MRTA en diversas zonas del país, dando una imagen de recomposición luego de la fuga del túnel. En noviembre, el Ejecutivo promulgó el paquete de Decretos Legislativos y el debate de los mismos en el Congreso, iniciándose la cuenta regresiva para la justificación del próximo golpe de Estado.
El 5 de abril de 1992, mediante el golpe de Estado que quebró el orden constitucional, el gobierno de Fujimori promulgó una serie de disposiciones que endurecieron la legislación antiterrorista (DL 25475, 25499, 25659, 25744) sin contemplar el respeto de garantías mínimas del debido proceso. Asimismo, se encargó de extender, a través de la promulgación de varios Decretos Ley, las prerrogativas militares, ampliando su poder en las zonas de emergencia y en la actividad contrasubversiva. Con ello, se amplió la discrecionalidad de las fuerzas del orden, en una evidente disminución de los controles democráticos de sus acciones contrasubversivas. Simultáneamente continuaron las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por diversos agentes estatales, entre ellos el escuadrón de la muerte denominado grupo Colina (Barrios Altos, La Cantuta, etc.) en operaciones desde inicios de los noventa. En efecto, gracias a las amplias atribuciones permitidas por ley, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) empezó a planear y ejecutar operaciones especiales de inteligencia por cuenta propia, utilizando para ello personal de unidades operativas de las FFAA como si fuera personal a su disposición.
El asesinato de María Elena Moyano por parte de Sendero Luminoso representó una situación límite por el grado de crueldad de SL y la fragilidad de las organizaciones populares que se le enfrentaban a inicios de los 90. Mediante atentados terroristas con coches bomba en Lima (siendo el más grave el de Tarata en julio de 1992) Sendero Luminoso aceleró su ofensiva sobre la capital, mientras calculaba la posibilidad de una intervención norteamericana que desatase una guerra de liberación nacional en el país.
En este contexto de crisis extrema, los policías de los grupos especiales de la DINCOTE, sorprenderán al país con la sucesión de una serie de capturas de altos dirigentes subversivos que constituyeron un aporte fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo. Entre ellas, destacan la captura de Víctor Polay Campos por la Brigada Especial de Detectives (BREDET) y la de Abimael Guzmán Reinoso por el GEIN.
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